ES HORA DE TENER UNA RECONSTRUCCIÓN PLANIFICADA CON APOYO URBANÍSTICO

Luego de la devastación ocurrida por huaicos ocasionados principalmente en la Costa del país, por el fenómeno denominado Niño Costero, urge trabajar de inmediato a fin de atender las necesidades más urgentes de las zonas de desastre que han dejado miles de damnificados con más de 3 millones de dólares en daños materiales y la mayoría de ellos, sin vivienda.

Urge estudiar y elaborar un Plan Nacional de Reconstrucción de Viviendas, en base a un diseño urbanístico, a fin de buscar el crecimiento ordenado de las ciudades y que tenga como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.

Una de las primeras medidas que se debe adoptar para este efecto es utilizar el empadronamiento ya efectuado de damnificados que se hizo para atender sus necesidades prioritarias de alimentación, salud y habitación coordinado desde los Centros de Operaciones de Emergencia  dirigidos desde Lima.  Luego, con este listado se podrá elaborar un nuevo empadronamiento de viviendas afectadas, especialmente para la reubicación y dotación de facilidades para la reconstrucción de ellas, cuidando que en esta etapa no se inmiscuyan los traficantes de tierras, muchos de los cuales tienen responsabilidad en el crecimiento desordenado de las expansiones urbanas, ya que promueven la toma de tierras del Estado o de propiedad privada, haciendo poblar zonas sin obedecer al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad; y todo esto, que por naturaleza es ilegal, generalmente ocurre en las afueras de la urbe, precisamente con la intención de escapar al control o supervisión de autoridades ediles, regionales o nacionales.

Entonces, urge el levantamiento de un catastro con las viviendas afectadas, para cuyo efecto pueden participar en la dirección los Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros, apoyados por centros de estudio Superior, parroquias y organizaciones de la sociedad civil de voluntariado o similares, debiendo recibir la correspondiente capacitación para el llenado de las fichas catastrales y la subsiguiente inspección por un profesional competente.  Una buena opción para iniciar este levantamiento de información es clasificar los distritos afectados de cada Región golpeada. Así mismo aprovechando la tecnología, se puede invitar a los damnificados para que se inscriban como solicitantes de levantamiento de catastro, mediante la página web o whats app o a una línea telefónica. Los colegios profesionales pueden convocar a sus agremiados para unirse a esta Campaña de reconstrucción, de manera voluntaria, aportando su capacidad y pericia para este objetivo.

La Decana del Colegio de Arquitectos ya se ha pronunciado opinando que la reconstrucción no puede hacerse en las mismas zonas de riesgo y áreas no mitigables, puesto que esto es lo que ha estado ocurriendo los últimos años cada vez que el fenómeno del niño nos trae huaycos; así los Municipios han levantado y apoyando la reconstrucción de casas en las mismas zonas de riesgo porque los pobladores no quieren abandonar sus posesiones, pese a que Defensa Civil, en momentos de desastre, ha tratado de removerlos desde hace décadas, no habiendo conseguido crear consciencia en la población de esta urgente necesidad para la seguridad de sus propias vidas.  Y es que, si se trata de personas que tienen derechos posesorios ganados, no basta pedirles que se retiren, sino que debe ofrecérseles una alternativa para su reubicación y en esto debe cumplir un rol importante las autoridades locales y regionales principalmente. Ya se han detectado las zonas de riesgo ante los desastres naturales que nos golpean en determinadas épocas del año y aun así algunas Comunas no han impuesto el principio de autoridad para reubicar a la población de zonas vulnerables, y aún peor, han entregado constancias de posesión o títulos de propiedad a quienes habitan en zonas de riesgo o pueblan de manera indiscriminada extensiones de predios rústicos o rurales, porque ha primado el interés político para poder lanzarse a una reelección electoral, sin importar que hay casos en los que se trata de tierras invadidas al Estado, a la propiedad privada o que provienen del tráfico de tierras.  Más aún se debe tener presente que cuando se trata de que un poblador habita un terreno invadido, no construye su vivienda con material noble sino hasta después de varios años, porque no invierten en un terreno que podrían perder ya que hay la posibilidad de que el legítimo propietario se percate del hecho y procure recuperar su predio.

El desastre vivido nos da una nueva oportunidad de relocalización de los damnificados en áreas más seguras, con suelos más estables y alejado de las costas, las riveras de los ríos, las pendientes, para ello es menester revisión y reformulación de la Política Nacional de Ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo Urbano, exigiéndose el estudio de suelos, la calidad en la edificación, facilidades para el financiamiento de la edificación de viviendas, otorgamiento de subsidios, compensaciones tributarias; así mismo se debe expedir una Ley de Emergencia para la Reconstrucción Nacional de Viviendas, a fin de ayudar a agilizar los trámites para los damnificados de cualquier tipo de desastre a nivel nacional.

Otro aspecto que se debe cuidar es evitar que exista una proliferación de demoliciones, viendo la posibilidad de recuperación de algunos inmuebles.  Igualmente debe cuidarse la presión inmobiliaria en ciertas zonas protegidas por el Estado ya que en otras oportunidades de desastres se ha visto que los damnificados no esperan relocalización sino se acomodan por sí mismos en asentamientos humanos ocupando Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento, Zonas Arqueológicas o de Patrimonio Cultural de la Nación, Áreas forestales o de uso público, terrenos de Comunidades Campesinas y Nativas.

Con relación a las obras de ingeniería para canalizar los ríos, construir puentes, elaborar diques, plantas hidráulicas, represas y otros, debe verificarse los mapas de riesgo, haciendo estudios de alta ingeniería, con empresas certificadas, para lo cual deberán pasar un proceso de licitación pública que sea supervisado por la Contraloría General de la República.

El Perú ha respondido de manera exitosa al llamado de solidaridad efectuado desde el gobierno central, quien ha canalizado la ayuda participativa de quienes han demostrado su alto índice de sensibilidad, así tenemos instituciones de la sociedad civil, empresas con responsabilidad social y personas individuales, organismos de voluntariado, parroquias, entre otros, además de las fuerzas policiales, militares, bomberos y otros.  Se avizora que el trabajo de reconstrucción de nuestro país será positivo por la participación activa ciudadana de manera organizada y vinculante.  Las autoridades ediles, regionales y nacionales, deben asumir su responsabilidad y hacer imperar el principio de autoridad, poniéndose al servicio de la población.